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Antecedentes

En el marco de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa la generación de políticas lingüísticas en coordinación con los gobiernos federal, estatales y municipales, con el fin de que en absoluto respeto a las autonomías y a los usos y costumbres de los pueblos indígenas se garantice el ejercicio pleno de sus derechos lingüísticos.

 

La oficialización de las normas para la  escritura de la lengua maya plantea derechos y obligaciones tanto para el Estado mexicano como para la comunidad maya. La institucionalización de servicios lingüísticos y la generación de una cultura lingüística de igualdad frente al español, plantea transformaciones estructurales y políticas públicas transversales y comunitarias que amplíen el uso social de la lengua maya.

 

La presencia territorial del maya, extendida en México en tres entidades federativas plantea una política lingüística peninsular en la que confluyan no sólo la federación y las entidades federativas, sino también los municipios.

 

Una política lingüística de inclusión e igualdad trasciende a todos los sectores de la sociedad, a todas las instituciones de gobierno, a los tres poderes de la nación y a los tres órdenes de gobierno, por lo que se requiere la constitución de un órgano interinstitucional del más alto nivel que le de viabilidad y operatividad.

Marco Congreso peninsular

Institucionalización de la lengua maya
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