•Propone transitar de un modelo de comunicación donde predomina el uso del español en el quehacer institucional, hacia la generación de pautas de comunicación en lengua maya en la administración pública.
•Impulsa la integración del uso escrito de la lengua maya de manera regularizada, a través de las normas de escritura, como práctica habitual en los servicios, trámites e información.
•Representa una oportunidad histórica y trascendental para articular políticas públicas que provean el soporte institucional necesario para el desarrollo de la lengua maya.
•Constituye un mensaje positivo al pueblo maya en su conjunto y genera confianza en la acción institucional en el marco de una política de inclusión y equidad lingüística en la región peninsular.