Nuestras lenguas, nuestros derechos

La Nación mexicana está constituida por pueblos con culturas e idiomas distintos que representan una riqueza invaluable para todos los mexicanos, pero sobre todo son fuente y expresión de la vida de dichos pueblos. Para proteger los derechos de los pueblos indígenas al uso y desarrollo de sus lenguas, en el año 2003 se promulgó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esta Ley reconoce que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales y tienen la misma validez en el territorio y contexto en que se hablen.

La legislación mexicana establece que toda persona hablante de alguna lengua indígena tiene, entre otros:

• El derecho de expresarse en la lengua que sea hablante.
• El derecho de comunicarse en su propia lengua, en el ámbito público o privado.
• El derecho de disponer de información pública en su lengua, como los contenidos de los programas, obras y servicios de los que son sujetos.
• El derecho de tratar en su lengua cualquier asunto o realizar cualquier trámite de carácter público.
• El derecho de recibir educación básica en su lengua materna y en español, que asegure el respeto a su identidad cultural.
• El derecho de tener acceso pleno a la justicia, contando con intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura, de manera gratuita y en todo momento.
• El derecho a que sus lenguas tengan presencia en los medios de comunicación.
• El derecho de participar de manera activa en el desarrollo de sus lenguas.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, prohíben cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable.

El Estado y sus distintos órdenes de gobierno –la federación, los estados y los municipios—, los pueblos y comunidades indígenas, así como todos los demás mexicanos somos corresponsables en el cumplimiento de estos derechos.